Seis imputados caso Odebrecht a juicio de fondo


El juez Francisco Ortega decidió que seis de los imputados del caso Odebrecht vayan a juicio de fondo por considerar que hay suficientes elementos de prueba para demostrar su culpabilidad o no, además dictó Un No Ha Lugar a favor del ex presidente del Senado, Jesús “Chu” Vásquez.

Los acusados que irán a juicio de fondo son: el empresario Ángel Rondón Rijo, el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, el ex presidente del Senado y PRM Andrés Bautista, el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Roberto Rodríguez y el senador por San Cristóbal Tommy Galán.

También el juez ratificó la medida de coerción contra los enviados a juicio de fondo, que son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.

El grupo es acusado de recibir al menos 92 millones de dólares que supuestamente la compañía habría distribuido para que se les adjudicaran obras del Gobierno.

Víctor Díaz Rúa a su salida de la audiencia manifestó, que no hubo justicia con la decisión del juez y que es un tema político.

Del caso habían excluidos anteriormente César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’Oleo, Ruddy González, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura, al considerar que no existen evidencias que los incriminaran.

El fallo es leído por las secretarias del Tribunal.

Tras detectarse la espiral de sobornos, Odebrecht fue condenada al pago de 184 millones de dólares en favor del Estado dominicano, de los cuales ha pagado US$60 millones en dos partidas de US$30 millones, una realizada en enero de 2017 y otra en julio de 2018.

Los fondos serían utilizados para desarrollar programas de prevención y combate a la criminalidad en el país, así como a la reforma penitenciaria, de acuerdo a lo explicado por la Procuraduría, cuando recibió la segunda partida del dinero.

Los imputados fueron apresados mediante allanamientos la mañana del 29 de mayo de 2017, cuando un contingente policial, acompañado de fiscales y procuradores adjunto, se presentó a la residencia del exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez, al que le siguió otra decena de allanamientos, incluyendo las oficinas principales de la compañía en República Dominicana, ubicadas en el octavo piso de la torre Diandy XIX.